El Consejo Consultivo de Castilla y León, en colaboración con la Diputación Provincial de Segovia, ha celebrado hoy su primera jornada formativa del año en esta ciudad, reanudando así una iniciativa especialmente dirigida a los pequeños y medianos ayuntamientos que el último año llegó a las provincias de Palencia, León, Burgos y Salamanca y que va a continuar los próximos meses en Ávila y El Bierzo, entre otros lugares.
En esta ocasión representantes de los ayuntamientos segovianos y asesores legales de los mismos (secretarios, interventores, etc.) se han dado cita en la Diputación Provincial para el seguimiento de una jornada eminentemente práctica, centrada en la importancia del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo en todos aquellos procedimientos de responsabilidad patrimonial y otros expedientes tramitados por las entidades locales, en el escenario actual de la contratación pública y el trabajo desarrollado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, y en la implantación de la Administración Electrónica en la provincia.
En el acto de apertura, con las intervenciones del presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, y del presidente del Consejo Consultivo y del Tribunal de Recursos Contractuales, Mario Amilivia, se ha destacado la importancia de la función consultiva como control previo de la legalidad y de asesoramiento a las administraciones, una labor que refuerza el ejercicio del poder legitimando la actividad de las instituciones.
Destacó Mario Amilivia que la función consultiva, cuya mejor expresión son los dictámenes que aprueba (13.673 hasta la fecha, de ellos 513 en el último año) redunda positivamente en la vida e intereses de los ciudadanos en la medida que disponen de una garantía de control administrativo que proporciona decisiones más correctas, ajustadas a la legalidad, que permite desarrollar derechos y libertades, y también el cumplimiento de sus obligaciones.
Detrás de cada expediente de consulta –añadió Amilivia- siempre figura un ciudadano, un grupo de ellos o el conjunto de la sociedad, esperando a que la decisión de que se trate responda "de manera rápida y eficaz a sus necesidades y expectativas". "Sin que los ciudadanos lo perciban, los dictámenes que aprobamos están presentes en su vida cotidiana, desde las decisiones de mayor importancia jurídica o económica hasta las actuaciones a nivel de una entidad local menor". Además, el control ejercido sobre la actividad administrativa, en el caso de Castilla y León con proximidad territorial y cercanía al bloque normativo autonómico, es garantía del derecho a una buena administración.
Ante un foro fundamentalmente municipalista, Mario Amilivia ofreció todo el apoyo de la institución que preside al servicio de las administraciones locales, al efecto de que soliciten los dictámenes preceptivos establecidos en la ley, así como también facultativos cuando una cuestión de especial repercusión o trascendencia así lo requiera. "La función consultiva tiene una especial repercusión en el ámbito municipal donde las posibilidades de disponer de un juicio ajustado a la legalidad que garantice el control y acierto de las decisiones son, en demasiadas ocasiones, más bien limitadas para los pequeños municipios, más si cabe en una Comunidad con la población tan dispersa como la nuestra". "Por eso –emplazó el presidente del Consultivo- estamos hoy aquí, ofreciendo todo nuestro respaldo y colaboración al mundo local".
Las consultas iniciadas en la provincia de Segovia han generado hasta la fecha 730 dictámenes, el 5,3% del total de los aprobados desde el año 2003.
El año pasado el Consejo dictaminó 46 consultas de la provincia [25 de las administraciones locales y 21 de la Administración autonómica] que supusieron el 9% del total de las iniciadas en Castilla y León.
De ellas, 10 correspondieron al Ayuntamiento de la capital, una a la Diputación y el resto a los ayuntamientos de Aguilafuente, Añe, Bernuy de Porreros, El Espinar, Hontanares de Eresma, Lastras del Pozo, Maderuelo, Marugán, Nava de la Asunción y San Cristóbal de Segovia.
En cuanto a las consultas de la Administración autonómica, fueron 12 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 4 de la Consejería de Empleo, 3 de la Consejería de Sanidad; 1 de la Consejería de Economía y Hacienda, y una más de la Consejería de Educación.
21 de las 46 consultas de Segovia fueron por procedimientos de responsabilidad patrimonial, que totalizaron 1.178.306 euros; 9 por expedientes de recursos administrativos; otros 9 por procedimientos de revisión de oficio; 4 por resoluciones de contratos; así como 2 por modificación de planes urbanísticos (presentados por Fresno de Cantespino y Encinillas).
Una de las 5 consultas facultativas recibidas este pasado ejercicio fue presentada por el Ayuntamiento de Segovia, relativa a la posibilidad de que la sociedad SOMACYL tuviera capacidad para ser medio propio instrumental a la hora de llevar a cabo el contrato mixto de suministro y servicios para el servicio de alumbrado público y ornamental de la ciudad.
Tribunal de Recursos Contractuales
En su faceta añadida de Tribunal de Recursos, el Órgano de control también está depurando la contratación administrativa de Castilla y León desde 2012, ejercicio en que inició su funcionamiento como consecuencia de las nuevas Directivas de la Unión Europea en materia de recursos.En estos 5 años ha recibido 436 recursos, y ha dictado 400 resoluciones, sin perjuicio de que pueden ser impugnadas en vía contenciosa, aunque apenas llegan al 3%.
Los recursos resueltos alcanzan una cuantía global de 3.300 millones de euros (640 millones en el último año) y la media de resolución fue de unos 23 días, según los datos estadísticos de 2016. De esta manera, en un plazo muy breve, se está garantizado la libre concurrencia, la igualdad de trato, mayor fiabilidad y transparencia y que prospere la oferta más ventajosa, lo que conlleva también ahorro de dinero público, proporcionando mayores incentivos para cumplir con las normas sustantivas de la contratación pública.
El año pasado el Tribunal resolvió 92 asuntos, 84 por resolución y 8 por acuerdo. Los recursos más numerosos por ente adjudicador correspondieron a los ayuntamientos y la Administración autonómica. Por otro lado, los contratos más recurridos –el 82%- fueron los relativos a servicios y suministros. Casi el 80% de los recursos derivaron de actos de adjudicación y desacuerdos en referencia a los pliegos.
25 de las resoluciones dictadas fueron estimatorias y estimatorias parciales, y 41 desestimatorias, correspondiendo el resto a inadmisiones y desestimientos.
8 de las resoluciones dictadas el año pasado lo fueron por contratos recurridos en la provincia de Segovia, relativos a los ayuntamientos de la capital (4 recursos), El Espinar (3) y el Real Sitio de San Ildefonso (1). Las 84 resoluciones están accesibles desde la página web del Consejo Consultivo, en el apartado referente al Tribunal de Recursos.
